INDICE:
Colombia 2013, Año de Luchas Populares Comando Central
Balance 2012, Parte III Pablo Beltrán
Balance 2012, Parte IV Pablo Beltrán
Tierra y Territorio en Cifras Luis Carlos Guerrero S.
Colombia 2013, Año de
Luchas Populares
Comando Central
Colombianas y colombianos; termina 2012 en medio de la crisis económica mundial
y la insolvencia de los Estados altamente desarrollados, que recurrieron a
enormes sacrificios fiscales, para solventar al corrupto sistema financiero y
demás industrias quebradas. Eliminaron los subsidios del Estado de Bienestar,
cancelando puestos de trabajo, rebajando salarios, alargando la edad de
jubilación, disparando las tarifas de servicios públicos y aumentando
impuestos.
Las mejores condiciones de vida en el Primer Mundo desaparecieron y el FMI
impuso las mismas recetas neoliberales que aplicó en los países del Tercer
Mundo, nivelando a la mayoría de la humanidad a sobrevivir en condiciones
miserables. Estas políticas de ajustes y austeridad para la población, ha
generado nuevos movimientos de resistencia y obligó a reactivar todas las
formas de lucha de las organizaciones sociales. Para el 2013 esta crisis se
agudizará y las luchas sociales serán más contundentes y coordinadas.
Colombia no está blindada frente a la crisis mundial
Los pronósticos más conservadores auguraban que Colombia mantendría la misma
tasa de crecimiento del PIB de 5,5% que alcanzó en 2011; sin embargo, la
realidad muestra que en 2012 está por debajo del 4% y todos los analistas son
pesimistas frente al desempeño económico para 2013, azotado además, por la
competencia desleal de los TLC con EEUU y Europa.
Las dos principales locomotoras que jalonaban la economía colombiana se
averiaron: la construcción ha entrado en recesión y la minero-energética se
estancó, mientras se criminaliza a pequeños y medianos mineros. La industria
presenta tendencias negativas, aumenta el desempleo y las penurias para los
trabajadores.
Para favorecer los capitalistas, se aprueba una regresiva reforma tributaria,
rebajando impuestos a los empresarios y eliminando los parafiscales, que
llevarán al entierro del Sena y del ICBF. Aumentan las cargas tributarias para
asalariados, la clase media y los consumidores en general.
Como si lo anterior fuera poco, se sigue castigando a los trabajadores, quienes
tendrán menor capacidad adquisitiva, al decretar un aumento del salario mínimo
que no compensa el aumento del costo de vida. Es previsible la escalada alcista
que acostumbra el gobierno, aprovechando el aletargamiento de la población en
las festividades de fin de año.
Fuero militar para la impunidad
Las mayorías parlamentarias, controladas por el presidente Santos y Uribe,
volvieron a inundar de infamia y vergüenza el ejercicio de legislar, al
aumentar el desafuero de los militares, convertidos en criminales de guerra,
perpetuando el genocidio de millares de compatriotas en las últimas décadas y
colocando a Colombia en una grave crisis humanitaria. El fuero militar se
ajusta a la tipificación de un Estado genocida.
La reforma constitucional aprobada, le da facultades a la justicia penal
militar, para que sea juez y parte de la barbarie. Todos los delitos y crímenes
que ejecutan las fuerzas armadas, como violaciones a los Derechos Humanos y al
Derecho Internacional Humanitario, no serán competencia de la justicia
ordinaria, sino de los mismos criminales.
Supuestamente se exceptúan: los crímenes de lesa humanidad, genocidio,
desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, tortura y
desplazamiento forzado; pero, para que estos casos puedan ser tratados por la
justicia civil, el fiscal debe demostrar que la víctima “fue agredida en el
marco de un ataque generalizado o sistemático perpetrado por militares contra
la población civil con conocimiento de dicho ataque y de conformidad con una
política oficial”, asunto imposible de demostrar, porque son los militares
quienes pueden realizar las primeras investigaciones, después de cualquier
delito o crimen que cometan, acomodando las pruebas a su favor y determinando
el fallo.
Los miles de procesos que se tramitaban contra integrantes de la fuerza
pública, pasan a la “justicia” militar y quedan cubiertos por el manto de la
impunidad. Los criminales de guerra, deben saber que esta ley es violatoria de
los tratados y compromisos internacionales y los hace objetos de
investigaciones de Organismos de justicia internacional, en especial de la Corte
Penal Internacional, aunque este organismo sólo puede juzgar a partir del 1 de
noviembre del 2009, según la autoprotección que se hizo Álvaro Uribe.
¿Cuál Paz?
El restablecimiento del fuero militar es una readecuación del Régimen para un
escalonamiento de la guerra sucia contra la población y nos abocamos a una
nueva fase del Terrorismo de Estado. También son actos de guerra, las leyes que
se han aprobado a pupitrazo, con el descarado soborno a los congresistas, salvo
honradas excepciones.
Los discursos pacifistas de Santos caen en la retórica y son un contrasentido
frente a los anhelos de paz que vienen manifestando los sectores sociales en
diversas regiones colombianas.
La oficialización de los diálogos del gobierno con la guerrilla de las FARC, marcó
un hecho político relevante y reactivó las distintas iniciativas de paz que se
traían. Para la muestra, la prolífica participación que obtuvo el Foro sobre
Política de Desarrollo Agrario Integral, conducido por la Universidad Nacional.
Pero, mientras el gobierno sólo entiende por paz, la desmovilización y el
desarme de las guerrillas y la desactivación de la protesta social, el pueblo y
la insurgencia entendemos que paz es justicia social, con equidad económica,
democracia directa, soberanía y dignidad de patria. La paz implica cambios
estructurales de la sociedad y el Estado.
Las Luchas Populares
Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y en 2013 se
profundizará esta diferencia con los reajustes económicos contra la población,
mayor tributación, represión, asesinatos por parte de las fuerzas estatales y
su paramilitarismo.
En las regiones se continúa resistiendo contra la depredación ambiental del
capital transnacional y sus megaproyectos minero-energéticos, quienes
convirtieron en objetivo militar a medianos y pequeños mineros. Los
terratenientes narcoparamilitares siguen potrerizando el país mediante el
despojo de los campesinos.
En las ciudades la lucha sigue contra la privatización de los servicios
públicos, por una mayor cobertura y rebaja de tarifas. En especial, se sigue
batallando por educación, salud y prestación del transporte público eficiente y
digno.
Los diferentes sectores sociales, las regiones y expresiones de movimientos
políticos alternativos, van confluyendo en espacios de convergencia nacional,
centralizando reivindicaciones y anteponiendo la Unidad como criterio de la
fortaleza popular, aunque aún persisten rezagos que tratan de imponer intereses
de parte.
Es muy importante el afán que se comienza a tener, por sintonizar nuestras
luchas con las del resto del continente y con las demostraciones mundiales.
Para todos y todas es una prioridad realizar en el 2013 la Gran Jornada
Nacional de Protesta.
La bandera de la Paz está enarbolada en todas las luchas sociales y en 2013
ondeará por los campos y calles, en movilizaciones, seminarios y foros. El
pueblo está decidido a no dejársela arrebatar por el gobierno, que la utiliza
como estandarte de guerra y exterminio.
El ELN, como parte beligerante de las luchas populares, se suma a todas las
iniciativas libertarias y ratifica al mundo su inquebrantable propósito de
hacer de Colombia una nación soberana, justa, democrática y en Paz.
Balance 2012, Parte III
Pablo Beltrán
El Camino Propio de Nuestra
América
América Latina y el Caribe este
2012 enfrentaron la crisis mundial, manifiesta en la desaceleración de su
crecimiento económico y en el plan de los países industrializados, para
descargar su crisis en esta parte del continente.
Cayeron la producción industrial, las exportaciones y las remesas de migrantes
en la Unión Europea, que no se compensaron con el crecimiento de las ventas de
materias primas a China, Rusia e India. Desde España aumentó el regreso de
migrantes a Argentina, México, Perú, Ecuador y Colombia.
La ONU denunció este año el crecimiento de la brecha entre ricos y pobres en
América Latina, porque el 20 por ciento más rico, posee 30 veces, lo que tiene
el 20 por ciento más pobre; en Guatemala existe la más alta desigualdad social,
mientras Venezuela es la más equitativa.
Las materias primas agrícolas que produce AL, hoy se enfrentan a un mercado
mundial de alimentos, monopolizado en un 60 por ciento por la especulación
financiera, cuando en 1996 era apenas del 12 por ciento.
La otra vena rota de los recursos de estos países, es la evasión de impuestos y
de controles hecha por las empresas multinacionales, que la reunión de
ministros de economía del Grupo de los 20, de octubre, calificó de “ingeniería
financiera” reprobable.
Los proyectos nacionales más autónomos avanzaron agrupados en el Alba, el
Mercosur, la Unasur y la Celac. En los que confluyen propuestas nacionalistas,
democráticas y socialistas.
El presidente Rafael Correa en campaña por la reelección, así resumió en enero
su propuesta: “estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo de
acumulación, antes que cambiarlo, porque no es nuestro deseo perjudicar a los
ricos, pero sí es nuestra intención tener una sociedad más justa y equitativa.”
La presidenta Cristina Fernández, por su parte, puntualizó, “lo que estoy
proponiendo es volver al capitalismo en serio, porque esto que estamos
viviendo, no es capitalismo. Esto es un anarco-capitalismo financiero total,
donde nadie controla a nadie”.
Cierra este año, con el pulso permanente de los dos campos políticos, el de los
detentadores del poder tradicional articulados a los EU y el de las fuerzas
transformadoras que construyen un camino propio. Campos que chocaron en las
elecciones venezolanas, por el golpe en Paraguay en junio, ante el asilo dado
por Ecuador a Julián Assange en agosto, por el manejo soberano de recursos
propios, por la inclusión de Cuba, por las instituciones multilaterales y por
la lucha anti drogas.
En junio ocurrió el mayor reordenamiento de ambos campos. El 6 se reunieron en
Antofagasta la Alianza del Pacífico (México, Perú, Chile, Colombia), que
representan un tercio del PIB de AL. El 21, el parlamento expulsó del poder al
presidente Lugo, golpe que fue consentido por la OEA y que llevó a la
suspensión de Paraguay del Mercosur, dando lugar el 28, al ingreso de Venezuela
a este mercado común, con lo que se convirtió en la quinta economía del mundo.
Los Cancilleres de la OEA por consenso rechazaron la amenaza del Reino Unido
contra el derecho de asilo y contra la sede diplomática de Ecuador en Londres,
que asila a Assange. Los EU y Canadá se apartaron del consenso dejando
constancia de sus reservas.
La nacionalización del 51 por ciento de la petrolera estatal argentina YPF, en
abril, que estaba en poder de inversionistas españoles, suscitó el rechazo de
los EU, México y Colombia, pero obtuvo el apoyo de la mayoría de naciones del
continente. Decisión que permitió en septiembre, la firma en Moscú del convenio
sobre gas, entre YPF y Gazprom.
Las comunidades indígenas de Ecuador, en junio, demandaron ante un tribunal de
Brasil, a la multinacional petrolera Chevron, por 18 mil millones de dólares,
por daños hechos en su territorio.
La Sexta Cumbre de las Américas realizada en abril, se pronunció a favor del
regreso de Cuba a la OEA, en contra de la solitaria oposición de los EU y
Canadá. En octubre la Asamblea general de la ONU condenó por abrumadora mayoría
de 188 votos, el bloqueo de los EU contra Cuba.
Frente a los fallos de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en
noviembre, Colombia se retiró de este organismo multilateral, en protesta por
la sentencia favorable a Nicaragua; mientras Perú y Chile ratificaron con
anterioridad, su aceptación al fallo sobre límites.
Más categórico fue el paso dado en mayo por Unasur, en la Cumbre ministerial de
seguridad, que aprobó la consolidación del Consejo Suramericano de Defensa, para
enfrentar crímenes transnacionales como el lavado de activos, el tráfico de
armas, la trata de personas y la extorsión. Decisión que pasa la página del
extinto Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, nacido como brazo
militar de la OEA.
El persistente avance del camino propio, este año, no cesó de enunciarlo el
presidente Hugo Chávez: “del Río Bravo hasta la Patagonia decimos, la tierra
del sueño posible, está América, Nuestra América… es imprescindible, para
nosotros, lograr la unidad de Sudamérica. Sudamérica es un continente,
Norteamérica es otro continente; nosotros somos el Sur, el Sur de América, el
Sur del mundo”
Balance 2012, Parte IV
Pablo Beltrán
Bálsamo para Los Quemados, No más
Ácido
Las clases dominantes mantienen un consenso pleno sobre el modelo económico que
le aplican a Colombia y dicen que por su perfección, no está en discusión.
Los principales pilares de su desarrollo económico los mantienen en la
antiquísima costumbre de apropiarse del bien común, en la locomotora minera y
en los remedios neoliberales para curar la crisis.
La entrega en concesión a las multinacionales de tierra colombiana en forma
indiscriminada, amenazan páramos estratégicos como Rabanal, Belmira, Puracé,
Los Nevados, Santurbán, Sumapaz y Chingaza, de los que media Colombia se aprovisiona
de agua y alimentos.
Gracias a la escandalosa boda de un mafioso, en julio el país se enteró que en
isla Múcura, en el Golfo de Morrosquillo, baldío de propiedad de todos los
colombianos, construyeron el hotel Punta faro, afiliado a Cotelco, el gremio de
los dueños de hoteles. Igual ocurre en el Parque natural de la Sierra nevada de
Santa Marta, en el que dos familiares del presidente eran accionistas de otro
proyecto hotelero. La lista es interminable y las ganancias son altas, por ello
la cadena Marriot pagó 3 mil dólares por metro cuadrado de tierra en Cartagena.
Todos atienden la invitación del presidente, quien en entrevista con el
Financial times en mayo, dijo, que "a la Sierra nevada está yendo otra vez
la gente a comprar tierras".
La explotación acelerada de recursos naturales castiga al país con una severa
crisis del medio ambiente, que causa riesgo de desastres naturales, de los más
altos de todo el mundo, según afirmo en junio el Banco Mundial.
En su visita de este diciembre, la directora del FMI, además le sacó tarjeta
roja al gobierno, porque según ella, la excesiva dependencia que tiene el país
de las exportaciones de materias primas, lo dejan en una posición muy
vulnerable, en medio de la actual crisis económica mundial.
A las elites dominantes solamente les importa "estar bien con los
analistas, los mercados y los empresarios", según recordó JC Jaramillo, el
ex ministro de economía en su discurso de despedida en agosto. Dos semanas
antes, manifestó su satisfacción por haber hecho 10 reformas (salud, educación,
pensiones, judicial, penitenciaria, tributaria, etc.), que le habían ganado el
aplauso de la multinacional calificadora de riesgo de inversión Standard &
Poors.
Estamos notificados los colombianos, las reformas ya están hechas y aprobadas
por el sistema financiero internacional. La de cerrar el año, la tributaria, la
hace el gobierno acatando a Fedesarrollo, quien desde julio, exigió “enfrentar
la desaceleración de la economía, por medio de una reforma tributaria”. Sobra
decir, a quienes van a exprimir con esta reforma.
Descargar la crisis económica en las espaldas de la mayoría de la sociedad,
para favorecer a una minoría de multimillonarios, resulta en el agravamiento de
dos caras de la ruina nacional.
La Contraloría General en octubre, reconoció que “las instituciones estatales
colombianas son inviables”, por los nuevos recortes del gasto social, y la
quiebra y corrupción en que se hallan; causantes de la crisis estructural de la
salud, la educación, los jubilados, las cárceles, los jueces, el instituto para
la niñez (ICBF), los departamentos y municipios, etc.
Más grave que la crisis institucional son las graves quemaduras que sufre el
tejido social con la miseria, el desempleo, el sub empleo, el mísero salario
mínimo, el empobrecimiento de las clases medias; la explotación, prostitución y
violencia contra niños y mujeres, el arrinconamiento y extinción de las etnias,
el despojo de los afro colombianos y el atraso de las regiones. Quemaduras que
necesitan bálsamos, no más ácidos.
Las malas noticias sobre Colombia que publican en el extranjero, de vez en
cuando reflejan estas quemaduras. El Daily Mail en agosto se quejaba de “las
150 mujeres colombianas quemadas por ácido”. El Daily Mirror, a raíz de los
escándalos de prostitución ocurridos durante la visita de Obama a Cartagena,
afirmó que “Colombia es la Tailandia de América”, para aludir al turismo sexual
como fuente de ingresos para el país. En agosto una ONG, por su parte denunció,
“la subasta de menores entre 11 y 12 años de edad, para prostitución en hoteles
de lujo de Medellín”.
Para distraer la atención sobre la ruina nacional, en abril el presidente hizo
la promesa del año, de regalar casas gratis a los pobres. No se puede negar que
este anuncio es un intento de curar un dedo, pero sin olvidar que la quemadura
es en todo el cuerpo.
Tierra y Territorio en Cifras
Luis Carlos Guerrero S.
Pretendemos
que, a partir de un breve bosquejo de la realidad del campo colombiano, se
puedan hacer abordajes más amplios de las diversas problemáticas. Presentamos
unas cifras como mirada inicial a la panorámica de la tierra, el territorio y
el conflicto rural de Colombia; convencidos de poder acércanos, mediante un
proceso de solución política, a caminos que alimenten la construcción de la paz
con justicia social.
Compartimos la noción de territorio que se viene configurando por distintos
actores sociales y políticos, los cuales tienen en común el conceptualizarlo
como un espacio geográfico donde se encuentra asentada la población que incluye
las relaciones con el entorno social y ambiental, la tierra, quien la controla,
quien la trabaja, como la trabaja, quienes están excluidos de ellas y a quienes
representan unos y otros. El territorio es una construcción social en
conflicto.
En tanto, la tierra abarca una amplia gama de problemas, en los cuales unos son
de carácter históricos como aquellos que van ligados a la tenencia, al uso y al
acceso de ella; viejos problemas a los que ahora se articulan nuevos
relacionados con la actual dinámica internacional de la economía, la presencia
e incursión de grandes empresas transnacionales que desarrollan proyectos
mineros y agroindustriales que han hecho posible el surgimiento de nuevos
conflictos socio laborales, ambientales y culturales.
Tanto el territorio como la tierra sufren el impacto de modelos económicos que
es necesario examinar y son fuentes de conflictos sociales y guerras.
Sin lugar a dudas la tierra constituye una base vital que determina la vida de
la población rural, la cual constituye el 32 por ciento del total de los
habitantes de Colombia. La situación de esta, refleja una aguda polarización
social. En uno de los extremos hay una masa de campesinos apiñados en
minifundios, micro minifundios y pobladores rurales sin tierra, que sobreviven
en un mar de necesidades básicas e insatisfechas, que le determinan una
condición de pobreza y excluidos de los factores de poder; a su alrededor se
encuentran unos cuantos propietarios de grandes extensiones de tierra que
siendo una minoría de la población rural, los identifica una característica
común: la subutilización de la tierra y la dedicación de ella, en su porción
mayoritaria, a la ganadería extensiva.
La situación anterior se anida en medio de una realidad de país donde la
inversión extranjera no estimula el empleo digno, sino todo lo contrario, lo
que hace estimular la informalidad sometiendo a los trabajadores a una escalada
de explotación agresiva. Seis de cada 10 personas laboran en condiciones de
informalidad. Aberrante es, que mientras una mayoría de trabajadores no
alcanzan a devengar dos salarios mínimos, el sector financiero reporta
crecimiento en sus ganancias del 169 por ciento.
La generalizada informalización de la fuerza de trabajo, aporta una parte del
desplazamiento, puesto que dichas personas y familias son de las más
vulnerables y carentes de condiciones para lograr niveles de trabajo digno y se
someten a salarios por debajo del mínimo o el simple rebusque.
Un país que no conoce la ruralidad
A pesar de la creciente urbanización que ha vivido Colombia, ya mencionamos que
el 32 por ciento de la población vive en el campo y el 75 por ciento de los
municipios de Colombia son predominantemente rurales. Estas cifras son
aproximadas debido a que el Estado colombiano hace 42 años no realiza el censo
agrario nacional, el cual ha prometido hacer el gobierno actual en los años
2013 y 2014. El primer registro o censo agrario se hizo en 1960 y el segundo en
1970.
Lo anterior viola los acuerdos y políticas de la Organización de Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, la cual define que los
censos agropecuarios deben realizarse, cada 10 años, orientaciones que han
cumplido varios gobiernos de América latina, siendo Colombia parte de la lista
de los deudores, contrario a Brasil, Venezuela, Chile, Argentina, Bolivia y
México que hicieron el respectivo censo en esta primera década del siglo XXI.
Por lo anterior salta a la vista una pregunta: ¿sobre qué base o fundamentos de
la realidad rural los gobiernos construyen las leyes, diseñan las políticas
públicas, y se elaboran los planes de desarrollos para el campo?
¿A partir de que fundamentos se propone el gobierno, aportar a la solución de
los graves problemas del campo si carece de este instrumento de medición
efectiva?
Despojo, violencia y pobreza
Cerca de 6.6 a 8 millones de hectáreas de tierra, han sido despojadas a los
pobladores del campo, quienes han sido violentamente expulsados del mismo desde
hace 20 años. Estos 6.6 a 8 millones de tierra que engrosaron las propiedades
terratenientes gracias a la aplicación del terrorismo de Estado, con su punta
de lanza el paramilitarismo, constituye un 12.9 por ciento de la superficie
agropecuaria.
Según estadísticas, en el transcurso de 13 años, aproximadamente 3.6 millones
de indígenas, afrosdecendientes y campesinos, han sufrido el desarraigo de sus
territorios, el primer mayor desplazamiento del mundo después de Sudán, Irak y
Afganistán. Del total de 3.6 millones de personas desplazadas el 65 por ciento
son menores de 25 años.
Los niveles de pobreza en los territorios urbanos son de un 45 por ciento en
promedio; en tanto en el campo el nivel de pobreza asciende al 64 por ciento.
Mientras el promedio nacional de necesidades básicas insatisfechas es de 27 por
ciento; para la población indígena es del 57 por ciento y para los afrodescendientes
es del 66 por ciento. En los municipios definidos como de alta ruralidad, las
personas con necesidades básicas insatisfechas ascienden al 74,66 por ciento,
según PNUD.
La propiedad y el control de la tierra, explican la violencia que se vive en
Colombia. En los últimos 25 años se han causado más de 250 mil muertes en el
campo. Desde junio del 2011, sin haberse producido la anunciada restitución de
tierras, han sido asesinados más de 69 líderes campesinos, que reclamaban el
derecho de volver a ocupar sus tierras. Para impedir el retorno de los millones
de desplazados se ha organizado por los señores de la tierra el llamado
“ejército anti restitución” que tiene presencia en 400 de los 1.050 municipios
del país.
Concentración de la tierra
El Informe de Desarrollo Humano Colombia 2011 del PNUD afirma que el 52% de la
gran propiedad está en manos del 1,15 por ciento de la población; mientras que
el resto tiene sólo pequeñas y medianas posesiones.
El coeficiente GINI es un indicador para medir la desigualdad en una sociedad y
va de 0 a 1; cuando más se acerca al 0 es más equitativa la sociedad y cuando
se aproxima el 1 es más desigual. El grado de concentración de la tierra en
Colombia presentó en el año 2000 un coeficiente GINI de 0.86 y en el año 2009
fue de 0.88. Esto hace de Colombia uno de los países mas desiguales del mundo.
Los ganaderos concentran cerca de 38 o 39 millones de hectáreas de las 44
millones disponibles para lo agropecuario. El potencial de tierras aptas para
ganadería es de 23 millones de hectáreas. En tanto que el potencial de tierra
aptas para la agricultura es de 21 millones de hectáreas de las cuales solo se
cultivan 4.9 millones, o sea un aproximado de 22.7 por ciento. La ganadería
monopoliza el uso de las tierras. Colombia es entonces, un inmenso potrero.
Los ganaderos se oponen a una reforma agraria que democratice el acceso y
modifique el uso de la tierra. Entre ganaderos y agricultores de escuchan
opiniones contrarias. Los voceros de Fedegan cuando han manifestado la voluntad
para hacer algún cambio en la política agropecuaria proponen que se realice en
el sentido de "reconvertir 10 o 15 millones de hectáreas para áreas
forestales, agricultura o producción de agro combustibles". Debemos
producir para la globalización es la apuesta de los ganaderos, extendiendo aún
más los cultivos de palma, caña, yuca y otros destinados a la exportación. (El
tiempo, entrevista a Laforiue).
De un lado el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC,
Rafael Mejía, asegura que existe una brecha enorme entre el uso actual de la
tierra y su potencial de aprovechamiento; y que, además, sectores como el
ganadero agudizan la crisis porque están utilizando más hectáreas de las que en
realidad necesitan.
Seguridad Alimentaria
Colombia dispone de más de 20 millones de hectáreas con vocación para la
producción agrícola, de las cuales cultiva anualmente menos de 5 millones. De
una situación altamente favorable que permite producir y disponer de todos los
alimentos para los colombianos y garantizar la seguridad alimentaria, nos
encontramos en una dependencia alimentaria con volúmenes grandes de importación
de productos alimenticios.
En Colombia es evidente, entonces que se manifiesta una disminución del
abastecimiento de alimentos con producción nacional fundamentalmente de los
pequeños y medianos productores agropecuarios quienes soportan gran parte de la
seguridad alimentaria. A finales de los 80, Colombia producía mas del 90 por
ciento de sus alimentos básicos; en los últimos diez años se paso de importar 5
mil millones de pesos a 9 mil millones y los precios se han encarecidos en una
tendencia sostenida. Las prioridades en el plan de desarrollo agropecuario no
van dirigidas a corregir tremendo problema.
Hace diez años, según el Dane, más del 15 por ciento de la tierra de las
grandes fincas, se destinaba a pastos, lo que constituía el 42 por ciento de
las tierras ganaderas, en tanto que para usos agrícolas destinaban el 0.8 por
ciento.
Una consecuencia de la inseguridad alimentaria tiende a alimentar otra
problemática referida a la producción de la dieta de baja calidad, o abundancia
de la comida denominada chatarra. La soberanía alimentaria se convierte en un
tema estratégico.
Según estadísticas de la SAC el agro representa el 8 por ciento del producto
interno bruto (PIB) de Colombia y emplea a unos 10,6 millones de personas. No
hay duda que el agro junto a otros reglones como la manufactura son los que más
aportan al empleo; sin embargo el estímulo en las políticas económicas va por la
vía de la locomotora minera que se ha convertido en la principal receptora de
la inversión siendo la que menos empleo genera y produce mayor destrucción
socio ambiental. Según el ministro de Minas la inversión minera creció en el
año 2012 hasta situarse en unos 12 mil millones de dólares.
Minería y Cambios en el Territorio
La política minera ha llevado a que se hayan destinado 5.8 millones de
hectáreas de tierra con destino al establecimiento de grandes proyectos
mineros; de estos 2 millones de hectáreas están ubicadas en los páramos, donde
por ley es prohibida dicha actividad. (Ver informe de contraloría general de la
República 2011). Recientemente, en el mes de junio, el gobierno declaró 17,6
millones de hectáreas de tierra como reserva minera destinada a los mega
proyectos mineros de transnacionales, que impactan negativamente a
departamentos con abundante biodiversidad. Colombia ha sido potrerizada y ahora
se nos propone que sea convertida en un enorme socavón minero.
Grave la situación del departamento del Cesar que ha sufrido un profundo cambio
en el uso de la tierra, pasando de ser productor agrícola a minero. Extrema es
también la situación del departamento de la Guajira.
La guajira es considerada por el gobierno colombiano como una DESPENSA NACIONAL
DE RECURSOS NATURALES del país, al servicio de las trasnacionales. En La
Guajira cada día somos más pobres, pero paradójicamente cada vez aumentan las
solicitudes de licencia para explotar sus recursos, como son: carbón, gas
natural, petróleo, sal y otros yacimientos minerales. Sin hablar de las grandes
reservas de agua dulce, biodiversidad y oxígeno. A las que ya les pusieron el
ojo.
De los casi 800.000 habitantes de La Guajira, más de 600.000 se encuentra en la
línea de pobreza, y lo que es peor, más de la mitad está en la línea de pobreza
extrema. Contrasta todo esto con que el departamento produce actualmente el 85%
del gas natural que se consume el país y es el mayor exportador de carbón hacia
los mercados internacionales.
Podríamos hacer un listado mayor de las situaciones del campo. Pero es deber de
todos los colombianos y colombianas hacerlo para que los cambios sean de la
misma dimensión y profundidad de los problemas estructurales.