Colombia 2013, Año de Luchas Populares Comando Central
Balance 2012, Parte III Pablo Beltrán
Balance 2012, Parte IV Pablo Beltrán
Tierra y Territorio en Cifras Luis Carlos Guerrero S.
Balance 2012, Parte III Pablo Beltrán
Balance 2012, Parte IV Pablo Beltrán
Tierra y Territorio en Cifras Luis Carlos Guerrero S.
Colombia 2013, Año de
Luchas Populares
Comando Central
Comando Central
Colombianas y colombianos; termina 2012 en medio de la crisis económica mundial y la insolvencia de los Estados altamente desarrollados, que recurrieron a enormes sacrificios fiscales, para solventar al corrupto sistema financiero y demás industrias quebradas. Eliminaron los subsidios del Estado de Bienestar, cancelando puestos de trabajo, rebajando salarios, alargando la edad de jubilación, disparando las tarifas de servicios públicos y aumentando impuestos.
Las mejores condiciones de vida en el Primer Mundo desaparecieron y el FMI impuso las mismas recetas neoliberales que aplicó en los países del Tercer Mundo, nivelando a la mayoría de la humanidad a sobrevivir en condiciones miserables. Estas políticas de ajustes y austeridad para la población, ha generado nuevos movimientos de resistencia y obligó a reactivar todas las formas de lucha de las organizaciones sociales. Para el 2013 esta crisis se agudizará y las luchas sociales serán más contundentes y coordinadas.
Colombia no está blindada frente a la crisis mundial
Los pronósticos más conservadores auguraban que Colombia mantendría la misma tasa de crecimiento del PIB de 5,5% que alcanzó en 2011; sin embargo, la realidad muestra que en 2012 está por debajo del 4% y todos los analistas son pesimistas frente al desempeño económico para 2013, azotado además, por la competencia desleal de los TLC con EEUU y Europa.
Las dos principales locomotoras que jalonaban la economía colombiana se averiaron: la construcción ha entrado en recesión y la minero-energética se estancó, mientras se criminaliza a pequeños y medianos mineros. La industria presenta tendencias negativas, aumenta el desempleo y las penurias para los trabajadores.
Para favorecer los capitalistas, se aprueba una regresiva reforma tributaria, rebajando impuestos a los empresarios y eliminando los parafiscales, que llevarán al entierro del Sena y del ICBF. Aumentan las cargas tributarias para asalariados, la clase media y los consumidores en general.
Como si lo anterior fuera poco, se sigue castigando a los trabajadores, quienes tendrán menor capacidad adquisitiva, al decretar un aumento del salario mínimo que no compensa el aumento del costo de vida. Es previsible la escalada alcista que acostumbra el gobierno, aprovechando el aletargamiento de la población en las festividades de fin de año.
Fuero militar para la impunidad
Las mayorías parlamentarias, controladas por el presidente Santos y Uribe, volvieron a inundar de infamia y vergüenza el ejercicio de legislar, al aumentar el desafuero de los militares, convertidos en criminales de guerra, perpetuando el genocidio de millares de compatriotas en las últimas décadas y colocando a Colombia en una grave crisis humanitaria. El fuero militar se ajusta a la tipificación de un Estado genocida.
La reforma constitucional aprobada, le da facultades a la justicia penal militar, para que sea juez y parte de la barbarie. Todos los delitos y crímenes que ejecutan las fuerzas armadas, como violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, no serán competencia de la justicia ordinaria, sino de los mismos criminales.
Supuestamente se exceptúan: los crímenes de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado; pero, para que estos casos puedan ser tratados por la justicia civil, el fiscal debe demostrar que la víctima “fue agredida en el marco de un ataque generalizado o sistemático perpetrado por militares contra la población civil con conocimiento de dicho ataque y de conformidad con una política oficial”, asunto imposible de demostrar, porque son los militares quienes pueden realizar las primeras investigaciones, después de cualquier delito o crimen que cometan, acomodando las pruebas a su favor y determinando el fallo.
Los miles de procesos que se tramitaban contra integrantes de la fuerza pública, pasan a la “justicia” militar y quedan cubiertos por el manto de la impunidad. Los criminales de guerra, deben saber que esta ley es violatoria de los tratados y compromisos internacionales y los hace objetos de investigaciones de Organismos de justicia internacional, en especial de la Corte Penal Internacional, aunque este organismo sólo puede juzgar a partir del 1 de noviembre del 2009, según la autoprotección que se hizo Álvaro Uribe.
¿Cuál Paz?
El restablecimiento del fuero militar es una readecuación del Régimen para un escalonamiento de la guerra sucia contra la población y nos abocamos a una nueva fase del Terrorismo de Estado. También son actos de guerra, las leyes que se han aprobado a pupitrazo, con el descarado soborno a los congresistas, salvo honradas excepciones.
Los discursos pacifistas de Santos caen en la retórica y son un contrasentido frente a los anhelos de paz que vienen manifestando los sectores sociales en diversas regiones colombianas.
La oficialización de los diálogos del gobierno con la guerrilla de las FARC, marcó un hecho político relevante y reactivó las distintas iniciativas de paz que se traían. Para la muestra, la prolífica participación que obtuvo el Foro sobre Política de Desarrollo Agrario Integral, conducido por la Universidad Nacional.
Pero, mientras el gobierno sólo entiende por paz, la desmovilización y el desarme de las guerrillas y la desactivación de la protesta social, el pueblo y la insurgencia entendemos que paz es justicia social, con equidad económica, democracia directa, soberanía y dignidad de patria. La paz implica cambios estructurales de la sociedad y el Estado.
Las Luchas Populares
Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y en 2013 se profundizará esta diferencia con los reajustes económicos contra la población, mayor tributación, represión, asesinatos por parte de las fuerzas estatales y su paramilitarismo.
En las regiones se continúa resistiendo contra la depredación ambiental del capital transnacional y sus megaproyectos minero-energéticos, quienes convirtieron en objetivo militar a medianos y pequeños mineros. Los terratenientes narcoparamilitares siguen potrerizando el país mediante el despojo de los campesinos.
En las ciudades la lucha sigue contra la privatización de los servicios públicos, por una mayor cobertura y rebaja de tarifas. En especial, se sigue batallando por educación, salud y prestación del transporte público eficiente y digno.
Los diferentes sectores sociales, las regiones y expresiones de movimientos políticos alternativos, van confluyendo en espacios de convergencia nacional, centralizando reivindicaciones y anteponiendo la Unidad como criterio de la fortaleza popular, aunque aún persisten rezagos que tratan de imponer intereses de parte.
Es muy importante el afán que se comienza a tener, por sintonizar nuestras luchas con las del resto del continente y con las demostraciones mundiales.
Para todos y todas es una prioridad realizar en el 2013 la Gran Jornada Nacional de Protesta.
La bandera de la Paz está enarbolada en todas las luchas sociales y en 2013 ondeará por los campos y calles, en movilizaciones, seminarios y foros. El pueblo está decidido a no dejársela arrebatar por el gobierno, que la utiliza como estandarte de guerra y exterminio.
El ELN, como parte beligerante de las luchas populares, se suma a todas las iniciativas libertarias y ratifica al mundo su inquebrantable propósito de hacer de Colombia una nación soberana, justa, democrática y en Paz.
Balance 2012, Parte III
Pablo Beltrán
Pablo Beltrán
El Camino Propio de Nuestra
América
América Latina y el Caribe este 2012 enfrentaron la crisis mundial, manifiesta en la desaceleración de su crecimiento económico y en el plan de los países industrializados, para descargar su crisis en esta parte del continente.
Cayeron la producción industrial, las exportaciones y las remesas de migrantes en la Unión Europea, que no se compensaron con el crecimiento de las ventas de materias primas a China, Rusia e India. Desde España aumentó el regreso de migrantes a Argentina, México, Perú, Ecuador y Colombia.
La ONU denunció este año el crecimiento de la brecha entre ricos y pobres en América Latina, porque el 20 por ciento más rico, posee 30 veces, lo que tiene el 20 por ciento más pobre; en Guatemala existe la más alta desigualdad social, mientras Venezuela es la más equitativa.
Las materias primas agrícolas que produce AL, hoy se enfrentan a un mercado mundial de alimentos, monopolizado en un 60 por ciento por la especulación financiera, cuando en 1996 era apenas del 12 por ciento.
La otra vena rota de los recursos de estos países, es la evasión de impuestos y de controles hecha por las empresas multinacionales, que la reunión de ministros de economía del Grupo de los 20, de octubre, calificó de “ingeniería financiera” reprobable.
Los proyectos nacionales más autónomos avanzaron agrupados en el Alba, el Mercosur, la Unasur y la Celac. En los que confluyen propuestas nacionalistas, democráticas y socialistas.
El presidente Rafael Correa en campaña por la reelección, así resumió en enero su propuesta: “estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo de acumulación, antes que cambiarlo, porque no es nuestro deseo perjudicar a los ricos, pero sí es nuestra intención tener una sociedad más justa y equitativa.”
La presidenta Cristina Fernández, por su parte, puntualizó, “lo que estoy proponiendo es volver al capitalismo en serio, porque esto que estamos viviendo, no es capitalismo. Esto es un anarco-capitalismo financiero total, donde nadie controla a nadie”.
Cierra este año, con el pulso permanente de los dos campos políticos, el de los detentadores del poder tradicional articulados a los EU y el de las fuerzas transformadoras que construyen un camino propio. Campos que chocaron en las elecciones venezolanas, por el golpe en Paraguay en junio, ante el asilo dado por Ecuador a Julián Assange en agosto, por el manejo soberano de recursos propios, por la inclusión de Cuba, por las instituciones multilaterales y por la lucha anti drogas.
En junio ocurrió el mayor reordenamiento de ambos campos. El 6 se reunieron en Antofagasta la Alianza del Pacífico (México, Perú, Chile, Colombia), que representan un tercio del PIB de AL. El 21, el parlamento expulsó del poder al presidente Lugo, golpe que fue consentido por la OEA y que llevó a la suspensión de Paraguay del Mercosur, dando lugar el 28, al ingreso de Venezuela a este mercado común, con lo que se convirtió en la quinta economía del mundo.
Los Cancilleres de la OEA por consenso rechazaron la amenaza del Reino Unido contra el derecho de asilo y contra la sede diplomática de Ecuador en Londres, que asila a Assange. Los EU y Canadá se apartaron del consenso dejando constancia de sus reservas.
La nacionalización del 51 por ciento de la petrolera estatal argentina YPF, en abril, que estaba en poder de inversionistas españoles, suscitó el rechazo de los EU, México y Colombia, pero obtuvo el apoyo de la mayoría de naciones del continente. Decisión que permitió en septiembre, la firma en Moscú del convenio sobre gas, entre YPF y Gazprom.
Las comunidades indígenas de Ecuador, en junio, demandaron ante un tribunal de Brasil, a la multinacional petrolera Chevron, por 18 mil millones de dólares, por daños hechos en su territorio.
La Sexta Cumbre de las Américas realizada en abril, se pronunció a favor del regreso de Cuba a la OEA, en contra de la solitaria oposición de los EU y Canadá. En octubre la Asamblea general de la ONU condenó por abrumadora mayoría de 188 votos, el bloqueo de los EU contra Cuba.
Frente a los fallos de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en noviembre, Colombia se retiró de este organismo multilateral, en protesta por la sentencia favorable a Nicaragua; mientras Perú y Chile ratificaron con anterioridad, su aceptación al fallo sobre límites.
Más categórico fue el paso dado en mayo por Unasur, en la Cumbre ministerial de seguridad, que aprobó la consolidación del Consejo Suramericano de Defensa, para enfrentar crímenes transnacionales como el lavado de activos, el tráfico de armas, la trata de personas y la extorsión. Decisión que pasa la página del extinto Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, nacido como brazo militar de la OEA.
El persistente avance del camino propio, este año, no cesó de enunciarlo el presidente Hugo Chávez: “del Río Bravo hasta la Patagonia decimos, la tierra del sueño posible, está América, Nuestra América… es imprescindible, para nosotros, lograr la unidad de Sudamérica. Sudamérica es un continente, Norteamérica es otro continente; nosotros somos el Sur, el Sur de América, el Sur del mundo”
Bálsamo para Los Quemados, No más
Ácido
Las clases dominantes mantienen un consenso pleno sobre el modelo económico que le aplican a Colombia y dicen que por su perfección, no está en discusión.
Los principales pilares de su desarrollo económico los mantienen en la antiquísima costumbre de apropiarse del bien común, en la locomotora minera y en los remedios neoliberales para curar la crisis.
La entrega en concesión a las multinacionales de tierra colombiana en forma indiscriminada, amenazan páramos estratégicos como Rabanal, Belmira, Puracé, Los Nevados, Santurbán, Sumapaz y Chingaza, de los que media Colombia se aprovisiona de agua y alimentos.
Gracias a la escandalosa boda de un mafioso, en julio el país se enteró que en isla Múcura, en el Golfo de Morrosquillo, baldío de propiedad de todos los colombianos, construyeron el hotel Punta faro, afiliado a Cotelco, el gremio de los dueños de hoteles. Igual ocurre en el Parque natural de la Sierra nevada de Santa Marta, en el que dos familiares del presidente eran accionistas de otro proyecto hotelero. La lista es interminable y las ganancias son altas, por ello la cadena Marriot pagó 3 mil dólares por metro cuadrado de tierra en Cartagena. Todos atienden la invitación del presidente, quien en entrevista con el Financial times en mayo, dijo, que "a la Sierra nevada está yendo otra vez la gente a comprar tierras".
La explotación acelerada de recursos naturales castiga al país con una severa crisis del medio ambiente, que causa riesgo de desastres naturales, de los más altos de todo el mundo, según afirmo en junio el Banco Mundial.
En su visita de este diciembre, la directora del FMI, además le sacó tarjeta roja al gobierno, porque según ella, la excesiva dependencia que tiene el país de las exportaciones de materias primas, lo dejan en una posición muy vulnerable, en medio de la actual crisis económica mundial.
A las elites dominantes solamente les importa "estar bien con los analistas, los mercados y los empresarios", según recordó JC Jaramillo, el ex ministro de economía en su discurso de despedida en agosto. Dos semanas antes, manifestó su satisfacción por haber hecho 10 reformas (salud, educación, pensiones, judicial, penitenciaria, tributaria, etc.), que le habían ganado el aplauso de la multinacional calificadora de riesgo de inversión Standard & Poors.
Estamos notificados los colombianos, las reformas ya están hechas y aprobadas por el sistema financiero internacional. La de cerrar el año, la tributaria, la hace el gobierno acatando a Fedesarrollo, quien desde julio, exigió “enfrentar la desaceleración de la economía, por medio de una reforma tributaria”. Sobra decir, a quienes van a exprimir con esta reforma.
Descargar la crisis económica en las espaldas de la mayoría de la sociedad, para favorecer a una minoría de multimillonarios, resulta en el agravamiento de dos caras de la ruina nacional.
La Contraloría General en octubre, reconoció que “las instituciones estatales colombianas son inviables”, por los nuevos recortes del gasto social, y la quiebra y corrupción en que se hallan; causantes de la crisis estructural de la salud, la educación, los jubilados, las cárceles, los jueces, el instituto para la niñez (ICBF), los departamentos y municipios, etc.
Más grave que la crisis institucional son las graves quemaduras que sufre el tejido social con la miseria, el desempleo, el sub empleo, el mísero salario mínimo, el empobrecimiento de las clases medias; la explotación, prostitución y violencia contra niños y mujeres, el arrinconamiento y extinción de las etnias, el despojo de los afro colombianos y el atraso de las regiones. Quemaduras que necesitan bálsamos, no más ácidos.
Las malas noticias sobre Colombia que publican en el extranjero, de vez en cuando reflejan estas quemaduras. El Daily Mail en agosto se quejaba de “las 150 mujeres colombianas quemadas por ácido”. El Daily Mirror, a raíz de los escándalos de prostitución ocurridos durante la visita de Obama a Cartagena, afirmó que “Colombia es la Tailandia de América”, para aludir al turismo sexual como fuente de ingresos para el país. En agosto una ONG, por su parte denunció, “la subasta de menores entre 11 y 12 años de edad, para prostitución en hoteles de lujo de Medellín”.
Para distraer la atención sobre la ruina nacional, en abril el presidente hizo la promesa del año, de regalar casas gratis a los pobres. No se puede negar que este anuncio es un intento de curar un dedo, pero sin olvidar que la quemadura es en todo el cuerpo.
Pretendemos
que, a partir de un breve bosquejo de la realidad del campo colombiano, se
puedan hacer abordajes más amplios de las diversas problemáticas. Presentamos
unas cifras como mirada inicial a la panorámica de la tierra, el territorio y
el conflicto rural de Colombia; convencidos de poder acércanos, mediante un
proceso de solución política, a caminos que alimenten la construcción de la paz
con justicia social.
Compartimos la noción de territorio que se viene configurando por distintos actores sociales y políticos, los cuales tienen en común el conceptualizarlo como un espacio geográfico donde se encuentra asentada la población que incluye las relaciones con el entorno social y ambiental, la tierra, quien la controla, quien la trabaja, como la trabaja, quienes están excluidos de ellas y a quienes representan unos y otros. El territorio es una construcción social en conflicto.
En tanto, la tierra abarca una amplia gama de problemas, en los cuales unos son de carácter históricos como aquellos que van ligados a la tenencia, al uso y al acceso de ella; viejos problemas a los que ahora se articulan nuevos relacionados con la actual dinámica internacional de la economía, la presencia e incursión de grandes empresas transnacionales que desarrollan proyectos mineros y agroindustriales que han hecho posible el surgimiento de nuevos conflictos socio laborales, ambientales y culturales.
Tanto el territorio como la tierra sufren el impacto de modelos económicos que es necesario examinar y son fuentes de conflictos sociales y guerras.
Sin lugar a dudas la tierra constituye una base vital que determina la vida de la población rural, la cual constituye el 32 por ciento del total de los habitantes de Colombia. La situación de esta, refleja una aguda polarización social. En uno de los extremos hay una masa de campesinos apiñados en minifundios, micro minifundios y pobladores rurales sin tierra, que sobreviven en un mar de necesidades básicas e insatisfechas, que le determinan una condición de pobreza y excluidos de los factores de poder; a su alrededor se encuentran unos cuantos propietarios de grandes extensiones de tierra que siendo una minoría de la población rural, los identifica una característica común: la subutilización de la tierra y la dedicación de ella, en su porción mayoritaria, a la ganadería extensiva.
La situación anterior se anida en medio de una realidad de país donde la inversión extranjera no estimula el empleo digno, sino todo lo contrario, lo que hace estimular la informalidad sometiendo a los trabajadores a una escalada de explotación agresiva. Seis de cada 10 personas laboran en condiciones de informalidad. Aberrante es, que mientras una mayoría de trabajadores no alcanzan a devengar dos salarios mínimos, el sector financiero reporta crecimiento en sus ganancias del 169 por ciento.
La generalizada informalización de la fuerza de trabajo, aporta una parte del desplazamiento, puesto que dichas personas y familias son de las más vulnerables y carentes de condiciones para lograr niveles de trabajo digno y se someten a salarios por debajo del mínimo o el simple rebusque.
Un país que no conoce la ruralidad
A pesar de la creciente urbanización que ha vivido Colombia, ya mencionamos que el 32 por ciento de la población vive en el campo y el 75 por ciento de los municipios de Colombia son predominantemente rurales. Estas cifras son aproximadas debido a que el Estado colombiano hace 42 años no realiza el censo agrario nacional, el cual ha prometido hacer el gobierno actual en los años 2013 y 2014. El primer registro o censo agrario se hizo en 1960 y el segundo en 1970.
Lo anterior viola los acuerdos y políticas de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, la cual define que los censos agropecuarios deben realizarse, cada 10 años, orientaciones que han cumplido varios gobiernos de América latina, siendo Colombia parte de la lista de los deudores, contrario a Brasil, Venezuela, Chile, Argentina, Bolivia y México que hicieron el respectivo censo en esta primera década del siglo XXI.
Por lo anterior salta a la vista una pregunta: ¿sobre qué base o fundamentos de la realidad rural los gobiernos construyen las leyes, diseñan las políticas públicas, y se elaboran los planes de desarrollos para el campo?
¿A partir de que fundamentos se propone el gobierno, aportar a la solución de los graves problemas del campo si carece de este instrumento de medición efectiva?
Despojo, violencia y pobreza
Cerca de 6.6 a 8 millones de hectáreas de tierra, han sido despojadas a los pobladores del campo, quienes han sido violentamente expulsados del mismo desde hace 20 años. Estos 6.6 a 8 millones de tierra que engrosaron las propiedades terratenientes gracias a la aplicación del terrorismo de Estado, con su punta de lanza el paramilitarismo, constituye un 12.9 por ciento de la superficie agropecuaria.
Según estadísticas, en el transcurso de 13 años, aproximadamente 3.6 millones de indígenas, afrosdecendientes y campesinos, han sufrido el desarraigo de sus territorios, el primer mayor desplazamiento del mundo después de Sudán, Irak y Afganistán. Del total de 3.6 millones de personas desplazadas el 65 por ciento son menores de 25 años.
Los niveles de pobreza en los territorios urbanos son de un 45 por ciento en promedio; en tanto en el campo el nivel de pobreza asciende al 64 por ciento. Mientras el promedio nacional de necesidades básicas insatisfechas es de 27 por ciento; para la población indígena es del 57 por ciento y para los afrodescendientes es del 66 por ciento. En los municipios definidos como de alta ruralidad, las personas con necesidades básicas insatisfechas ascienden al 74,66 por ciento, según PNUD.
La propiedad y el control de la tierra, explican la violencia que se vive en Colombia. En los últimos 25 años se han causado más de 250 mil muertes en el campo. Desde junio del 2011, sin haberse producido la anunciada restitución de tierras, han sido asesinados más de 69 líderes campesinos, que reclamaban el derecho de volver a ocupar sus tierras. Para impedir el retorno de los millones de desplazados se ha organizado por los señores de la tierra el llamado “ejército anti restitución” que tiene presencia en 400 de los 1.050 municipios del país.
Concentración de la tierra
El Informe de Desarrollo Humano Colombia 2011 del PNUD afirma que el 52% de la gran propiedad está en manos del 1,15 por ciento de la población; mientras que el resto tiene sólo pequeñas y medianas posesiones.
El coeficiente GINI es un indicador para medir la desigualdad en una sociedad y va de 0 a 1; cuando más se acerca al 0 es más equitativa la sociedad y cuando se aproxima el 1 es más desigual. El grado de concentración de la tierra en Colombia presentó en el año 2000 un coeficiente GINI de 0.86 y en el año 2009 fue de 0.88. Esto hace de Colombia uno de los países mas desiguales del mundo.
Los ganaderos concentran cerca de 38 o 39 millones de hectáreas de las 44 millones disponibles para lo agropecuario. El potencial de tierras aptas para ganadería es de 23 millones de hectáreas. En tanto que el potencial de tierra aptas para la agricultura es de 21 millones de hectáreas de las cuales solo se cultivan 4.9 millones, o sea un aproximado de 22.7 por ciento. La ganadería monopoliza el uso de las tierras. Colombia es entonces, un inmenso potrero.
Los ganaderos se oponen a una reforma agraria que democratice el acceso y modifique el uso de la tierra. Entre ganaderos y agricultores de escuchan opiniones contrarias. Los voceros de Fedegan cuando han manifestado la voluntad para hacer algún cambio en la política agropecuaria proponen que se realice en el sentido de "reconvertir 10 o 15 millones de hectáreas para áreas forestales, agricultura o producción de agro combustibles". Debemos producir para la globalización es la apuesta de los ganaderos, extendiendo aún más los cultivos de palma, caña, yuca y otros destinados a la exportación. (El tiempo, entrevista a Laforiue).
De un lado el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, Rafael Mejía, asegura que existe una brecha enorme entre el uso actual de la tierra y su potencial de aprovechamiento; y que, además, sectores como el ganadero agudizan la crisis porque están utilizando más hectáreas de las que en realidad necesitan.
Seguridad Alimentaria
Colombia dispone de más de 20 millones de hectáreas con vocación para la producción agrícola, de las cuales cultiva anualmente menos de 5 millones. De una situación altamente favorable que permite producir y disponer de todos los alimentos para los colombianos y garantizar la seguridad alimentaria, nos encontramos en una dependencia alimentaria con volúmenes grandes de importación de productos alimenticios.
En Colombia es evidente, entonces que se manifiesta una disminución del abastecimiento de alimentos con producción nacional fundamentalmente de los pequeños y medianos productores agropecuarios quienes soportan gran parte de la seguridad alimentaria. A finales de los 80, Colombia producía mas del 90 por ciento de sus alimentos básicos; en los últimos diez años se paso de importar 5 mil millones de pesos a 9 mil millones y los precios se han encarecidos en una tendencia sostenida. Las prioridades en el plan de desarrollo agropecuario no van dirigidas a corregir tremendo problema.
Hace diez años, según el Dane, más del 15 por ciento de la tierra de las grandes fincas, se destinaba a pastos, lo que constituía el 42 por ciento de las tierras ganaderas, en tanto que para usos agrícolas destinaban el 0.8 por ciento.
Una consecuencia de la inseguridad alimentaria tiende a alimentar otra problemática referida a la producción de la dieta de baja calidad, o abundancia de la comida denominada chatarra. La soberanía alimentaria se convierte en un tema estratégico.
Según estadísticas de la SAC el agro representa el 8 por ciento del producto interno bruto (PIB) de Colombia y emplea a unos 10,6 millones de personas. No hay duda que el agro junto a otros reglones como la manufactura son los que más aportan al empleo; sin embargo el estímulo en las políticas económicas va por la vía de la locomotora minera que se ha convertido en la principal receptora de la inversión siendo la que menos empleo genera y produce mayor destrucción socio ambiental. Según el ministro de Minas la inversión minera creció en el año 2012 hasta situarse en unos 12 mil millones de dólares.
Minería y Cambios en el Territorio
La política minera ha llevado a que se hayan destinado 5.8 millones de hectáreas de tierra con destino al establecimiento de grandes proyectos mineros; de estos 2 millones de hectáreas están ubicadas en los páramos, donde por ley es prohibida dicha actividad. (Ver informe de contraloría general de la República 2011). Recientemente, en el mes de junio, el gobierno declaró 17,6 millones de hectáreas de tierra como reserva minera destinada a los mega proyectos mineros de transnacionales, que impactan negativamente a departamentos con abundante biodiversidad. Colombia ha sido potrerizada y ahora se nos propone que sea convertida en un enorme socavón minero.
Grave la situación del departamento del Cesar que ha sufrido un profundo cambio en el uso de la tierra, pasando de ser productor agrícola a minero. Extrema es también la situación del departamento de la Guajira.
La guajira es considerada por el gobierno colombiano como una DESPENSA NACIONAL DE RECURSOS NATURALES del país, al servicio de las trasnacionales. En La Guajira cada día somos más pobres, pero paradójicamente cada vez aumentan las solicitudes de licencia para explotar sus recursos, como son: carbón, gas natural, petróleo, sal y otros yacimientos minerales. Sin hablar de las grandes reservas de agua dulce, biodiversidad y oxígeno. A las que ya les pusieron el ojo.
De los casi 800.000 habitantes de La Guajira, más de 600.000 se encuentra en la línea de pobreza, y lo que es peor, más de la mitad está en la línea de pobreza extrema. Contrasta todo esto con que el departamento produce actualmente el 85% del gas natural que se consume el país y es el mayor exportador de carbón hacia los mercados internacionales.
Podríamos hacer un listado mayor de las situaciones del campo. Pero es deber de todos los colombianos y colombianas hacerlo para que los cambios sean de la misma dimensión y profundidad de los problemas estructurales.
Compartimos la noción de territorio que se viene configurando por distintos actores sociales y políticos, los cuales tienen en común el conceptualizarlo como un espacio geográfico donde se encuentra asentada la población que incluye las relaciones con el entorno social y ambiental, la tierra, quien la controla, quien la trabaja, como la trabaja, quienes están excluidos de ellas y a quienes representan unos y otros. El territorio es una construcción social en conflicto.
En tanto, la tierra abarca una amplia gama de problemas, en los cuales unos son de carácter históricos como aquellos que van ligados a la tenencia, al uso y al acceso de ella; viejos problemas a los que ahora se articulan nuevos relacionados con la actual dinámica internacional de la economía, la presencia e incursión de grandes empresas transnacionales que desarrollan proyectos mineros y agroindustriales que han hecho posible el surgimiento de nuevos conflictos socio laborales, ambientales y culturales.
Tanto el territorio como la tierra sufren el impacto de modelos económicos que es necesario examinar y son fuentes de conflictos sociales y guerras.
Sin lugar a dudas la tierra constituye una base vital que determina la vida de la población rural, la cual constituye el 32 por ciento del total de los habitantes de Colombia. La situación de esta, refleja una aguda polarización social. En uno de los extremos hay una masa de campesinos apiñados en minifundios, micro minifundios y pobladores rurales sin tierra, que sobreviven en un mar de necesidades básicas e insatisfechas, que le determinan una condición de pobreza y excluidos de los factores de poder; a su alrededor se encuentran unos cuantos propietarios de grandes extensiones de tierra que siendo una minoría de la población rural, los identifica una característica común: la subutilización de la tierra y la dedicación de ella, en su porción mayoritaria, a la ganadería extensiva.
La situación anterior se anida en medio de una realidad de país donde la inversión extranjera no estimula el empleo digno, sino todo lo contrario, lo que hace estimular la informalidad sometiendo a los trabajadores a una escalada de explotación agresiva. Seis de cada 10 personas laboran en condiciones de informalidad. Aberrante es, que mientras una mayoría de trabajadores no alcanzan a devengar dos salarios mínimos, el sector financiero reporta crecimiento en sus ganancias del 169 por ciento.
La generalizada informalización de la fuerza de trabajo, aporta una parte del desplazamiento, puesto que dichas personas y familias son de las más vulnerables y carentes de condiciones para lograr niveles de trabajo digno y se someten a salarios por debajo del mínimo o el simple rebusque.
Un país que no conoce la ruralidad
A pesar de la creciente urbanización que ha vivido Colombia, ya mencionamos que el 32 por ciento de la población vive en el campo y el 75 por ciento de los municipios de Colombia son predominantemente rurales. Estas cifras son aproximadas debido a que el Estado colombiano hace 42 años no realiza el censo agrario nacional, el cual ha prometido hacer el gobierno actual en los años 2013 y 2014. El primer registro o censo agrario se hizo en 1960 y el segundo en 1970.
Lo anterior viola los acuerdos y políticas de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, la cual define que los censos agropecuarios deben realizarse, cada 10 años, orientaciones que han cumplido varios gobiernos de América latina, siendo Colombia parte de la lista de los deudores, contrario a Brasil, Venezuela, Chile, Argentina, Bolivia y México que hicieron el respectivo censo en esta primera década del siglo XXI.
Por lo anterior salta a la vista una pregunta: ¿sobre qué base o fundamentos de la realidad rural los gobiernos construyen las leyes, diseñan las políticas públicas, y se elaboran los planes de desarrollos para el campo?
¿A partir de que fundamentos se propone el gobierno, aportar a la solución de los graves problemas del campo si carece de este instrumento de medición efectiva?
Despojo, violencia y pobreza
Cerca de 6.6 a 8 millones de hectáreas de tierra, han sido despojadas a los pobladores del campo, quienes han sido violentamente expulsados del mismo desde hace 20 años. Estos 6.6 a 8 millones de tierra que engrosaron las propiedades terratenientes gracias a la aplicación del terrorismo de Estado, con su punta de lanza el paramilitarismo, constituye un 12.9 por ciento de la superficie agropecuaria.
Según estadísticas, en el transcurso de 13 años, aproximadamente 3.6 millones de indígenas, afrosdecendientes y campesinos, han sufrido el desarraigo de sus territorios, el primer mayor desplazamiento del mundo después de Sudán, Irak y Afganistán. Del total de 3.6 millones de personas desplazadas el 65 por ciento son menores de 25 años.
Los niveles de pobreza en los territorios urbanos son de un 45 por ciento en promedio; en tanto en el campo el nivel de pobreza asciende al 64 por ciento. Mientras el promedio nacional de necesidades básicas insatisfechas es de 27 por ciento; para la población indígena es del 57 por ciento y para los afrodescendientes es del 66 por ciento. En los municipios definidos como de alta ruralidad, las personas con necesidades básicas insatisfechas ascienden al 74,66 por ciento, según PNUD.
La propiedad y el control de la tierra, explican la violencia que se vive en Colombia. En los últimos 25 años se han causado más de 250 mil muertes en el campo. Desde junio del 2011, sin haberse producido la anunciada restitución de tierras, han sido asesinados más de 69 líderes campesinos, que reclamaban el derecho de volver a ocupar sus tierras. Para impedir el retorno de los millones de desplazados se ha organizado por los señores de la tierra el llamado “ejército anti restitución” que tiene presencia en 400 de los 1.050 municipios del país.
Concentración de la tierra
El Informe de Desarrollo Humano Colombia 2011 del PNUD afirma que el 52% de la gran propiedad está en manos del 1,15 por ciento de la población; mientras que el resto tiene sólo pequeñas y medianas posesiones.
El coeficiente GINI es un indicador para medir la desigualdad en una sociedad y va de 0 a 1; cuando más se acerca al 0 es más equitativa la sociedad y cuando se aproxima el 1 es más desigual. El grado de concentración de la tierra en Colombia presentó en el año 2000 un coeficiente GINI de 0.86 y en el año 2009 fue de 0.88. Esto hace de Colombia uno de los países mas desiguales del mundo.
Los ganaderos concentran cerca de 38 o 39 millones de hectáreas de las 44 millones disponibles para lo agropecuario. El potencial de tierras aptas para ganadería es de 23 millones de hectáreas. En tanto que el potencial de tierra aptas para la agricultura es de 21 millones de hectáreas de las cuales solo se cultivan 4.9 millones, o sea un aproximado de 22.7 por ciento. La ganadería monopoliza el uso de las tierras. Colombia es entonces, un inmenso potrero.
Los ganaderos se oponen a una reforma agraria que democratice el acceso y modifique el uso de la tierra. Entre ganaderos y agricultores de escuchan opiniones contrarias. Los voceros de Fedegan cuando han manifestado la voluntad para hacer algún cambio en la política agropecuaria proponen que se realice en el sentido de "reconvertir 10 o 15 millones de hectáreas para áreas forestales, agricultura o producción de agro combustibles". Debemos producir para la globalización es la apuesta de los ganaderos, extendiendo aún más los cultivos de palma, caña, yuca y otros destinados a la exportación. (El tiempo, entrevista a Laforiue).
De un lado el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, Rafael Mejía, asegura que existe una brecha enorme entre el uso actual de la tierra y su potencial de aprovechamiento; y que, además, sectores como el ganadero agudizan la crisis porque están utilizando más hectáreas de las que en realidad necesitan.
Seguridad Alimentaria
Colombia dispone de más de 20 millones de hectáreas con vocación para la producción agrícola, de las cuales cultiva anualmente menos de 5 millones. De una situación altamente favorable que permite producir y disponer de todos los alimentos para los colombianos y garantizar la seguridad alimentaria, nos encontramos en una dependencia alimentaria con volúmenes grandes de importación de productos alimenticios.
En Colombia es evidente, entonces que se manifiesta una disminución del abastecimiento de alimentos con producción nacional fundamentalmente de los pequeños y medianos productores agropecuarios quienes soportan gran parte de la seguridad alimentaria. A finales de los 80, Colombia producía mas del 90 por ciento de sus alimentos básicos; en los últimos diez años se paso de importar 5 mil millones de pesos a 9 mil millones y los precios se han encarecidos en una tendencia sostenida. Las prioridades en el plan de desarrollo agropecuario no van dirigidas a corregir tremendo problema.
Hace diez años, según el Dane, más del 15 por ciento de la tierra de las grandes fincas, se destinaba a pastos, lo que constituía el 42 por ciento de las tierras ganaderas, en tanto que para usos agrícolas destinaban el 0.8 por ciento.
Una consecuencia de la inseguridad alimentaria tiende a alimentar otra problemática referida a la producción de la dieta de baja calidad, o abundancia de la comida denominada chatarra. La soberanía alimentaria se convierte en un tema estratégico.
Según estadísticas de la SAC el agro representa el 8 por ciento del producto interno bruto (PIB) de Colombia y emplea a unos 10,6 millones de personas. No hay duda que el agro junto a otros reglones como la manufactura son los que más aportan al empleo; sin embargo el estímulo en las políticas económicas va por la vía de la locomotora minera que se ha convertido en la principal receptora de la inversión siendo la que menos empleo genera y produce mayor destrucción socio ambiental. Según el ministro de Minas la inversión minera creció en el año 2012 hasta situarse en unos 12 mil millones de dólares.
Minería y Cambios en el Territorio
La política minera ha llevado a que se hayan destinado 5.8 millones de hectáreas de tierra con destino al establecimiento de grandes proyectos mineros; de estos 2 millones de hectáreas están ubicadas en los páramos, donde por ley es prohibida dicha actividad. (Ver informe de contraloría general de la República 2011). Recientemente, en el mes de junio, el gobierno declaró 17,6 millones de hectáreas de tierra como reserva minera destinada a los mega proyectos mineros de transnacionales, que impactan negativamente a departamentos con abundante biodiversidad. Colombia ha sido potrerizada y ahora se nos propone que sea convertida en un enorme socavón minero.
Grave la situación del departamento del Cesar que ha sufrido un profundo cambio en el uso de la tierra, pasando de ser productor agrícola a minero. Extrema es también la situación del departamento de la Guajira.
La guajira es considerada por el gobierno colombiano como una DESPENSA NACIONAL DE RECURSOS NATURALES del país, al servicio de las trasnacionales. En La Guajira cada día somos más pobres, pero paradójicamente cada vez aumentan las solicitudes de licencia para explotar sus recursos, como son: carbón, gas natural, petróleo, sal y otros yacimientos minerales. Sin hablar de las grandes reservas de agua dulce, biodiversidad y oxígeno. A las que ya les pusieron el ojo.
De los casi 800.000 habitantes de La Guajira, más de 600.000 se encuentra en la línea de pobreza, y lo que es peor, más de la mitad está en la línea de pobreza extrema. Contrasta todo esto con que el departamento produce actualmente el 85% del gas natural que se consume el país y es el mayor exportador de carbón hacia los mercados internacionales.
Podríamos hacer un listado mayor de las situaciones del campo. Pero es deber de todos los colombianos y colombianas hacerlo para que los cambios sean de la misma dimensión y profundidad de los problemas estructurales.
