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| Familiares de los presos exigen dignidad detrás los muros. |
por ELN
Miércoles,
20 de Marzo de 2013
El
hacinamiento, ha empeorado con la entrada en vigencia de la Ley 1453 del 2011.
Esta ley, comúnmente identificada como “Ley de seguridad ciudadana”, incrementó
las penas de algunos delitos y modificó sustancialmente la tendencia de
crecimiento de la población reclusa a partir de Junio 2011
Nueva
cultura carcelería
En los
años 2000, Colombia y Estados Unidos firmaron un acuerdo para el “mejoramiento”
del Sistema Carcelario Colombiano. Buscaban con ello ampliar el Plan Colombia
al sector de las prisiones del país, así como consolidar estrategias tendientes
a buscar un mayor control de las cárceles colombianas.
Se
configura entonces lo que han llamado la Nueva Cultura Carcelaria que se
presenta bajo la forma de una “americanización” del sector carcelario y penitenciario
colombiano, tanto a nivel reglamentario como arquitectónico.
Se
construye así la primera de ellas, la penitenciaría de Valledupar, Cesar, en el
2001 y seguidamente se construyeron los otros centros carcelarios llamados
Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios de Alta y Mediana Seguridad,
EPCAMS: Cómbita, Dorada, Acacías, Palogordo, Popayán.
El modelo
inaugurado con los EPCAMS tiene su continuidad en los ERON, (Establecimientos
de Reclusión de Orden Nacional), pues la preocupación por la seguridad prima
sobre los derechos elementales de las internas e internos, así como sobre su
resocialización. Esto se constata al leer el primer objetivo planteado en el
proyecto ERON “maximizar la seguridad a través de la implementación de
tecnología de punta y unificar los cerramientos (líneas rectas que no dejen
puntos muertos), disminuyendo el número de personal empleado para garantizar la
seguridad de los establecimientos”. De esta manera se reducen los costos
económicos de personal.
Estas
construcciones afectan manifiestamente la dignidad de los presos, así lo han
expresado instituciones del mismo estado como Procuraduría General de la
Nación, Informe de evaluación de diseños de proyectos nuevos establecimientos
de reclusión del orden nacional, ERON, Bogotá, abril de 2008 y Consejo Nacional
de Política y Social (CONPES), Documento 3575, Estrategia para la expansión de
la oferta nacional de cupos penitenciarios y carcelarios, seguimiento a los
CONPES 3277 de marzo 2004 y 3412 de marzo de 2006, Bogotá, 16 de marzo de 2009.
Bajo esta
Nueva Cultura Carcelaria, permanentemente el INPEC se queja de su falta de
recursos y emplea este pretexto para justificar el no cumplimiento de todas sus
obligaciones respecto a los derechos de las personas privadas de la libertad,
encontrando a nivel nacional una serie de irregularidades que van desde el
hacinamiento, inasistencia en salud y saneamiento básico, mala alimentación,
carencia en programas de redención de pena, mal servicio de las oficinas
jurídicas reflejando negligencia en los trámites jurídicos ante jueces y demás
organismos de control del estado.
El
hacinamiento un problema histórico
En materia
de hacinamiento, como lo muestran las cifras, en las dos últimas décadas
Colombia ha experimentado un aumento drástico y sostenido de las tasas de
encarcelamiento. Durante el período comprendido entre diciembre del 1993 y
abril del 2012, la población de internos pasó de 29.114 a 107.320 personas.
Hoy el índice de hacinamiento alcanza su máximo histórico, al llegar a 41.8 por
ciento.
El
hacinamiento, que ya se hace insostenible, ha empeorado con la entrada en
vigencia de la Ley 1453 del 2011. Esta ley, comúnmente identificada como “Ley
de seguridad ciudadana”, incrementó las penas de algunos delitos y modificó
sustancialmente la tendencia de crecimiento de la población reclusa a partir de
junio del 2011. Así, entre junio del 2011, mes en el cual entró en vigencia la
Ley 1453, y abril del 2012, la población penitenciaria aumentó en 13.933
personas. En total, se pasó de 93.387 internos en junio del 2011 a 107.320 internos en
abril del 2012.
De acuerdo
con cálculos y cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(INPEC), la población reclusa crecería en promedio 18.000 internos por año, con
lo cual se llegaría a 156.700 personas detenidas para diciembre del 2014. Este
incremento de la población reclusa es preocupante puesto que para finales del
2014 si la tendencia continua y la política criminal no mejora, se generaría
una sobrepoblación aproximada de 80.000 personas, lo cual haría que el índice
de hacinamiento fuera incluso superior al 100 por ciento.
Esta
eventual sobrepoblación, en términos de sostenibilidad financiera, haría
colapsar al sistema carcelario. En el 2012 el sistema presento un déficit
presupuestal del 13,5 por ciento. Ahora, si se considera que el costo anual de
un interno, según el INPEC, es de 11.540.372 pesos, para el 2015, el déficit
presupuestal podría ser superior al 40 por ciento.
Como es
obvio, este déficit agravaría la situación de la población reclusa y le
impediría al Estado cumplir, por ejemplo, la contratación adecuada de los
servicios de salud y la alimentación para los internos, el mantenimiento de la
infraestructura, los traslados o el suministro de materiales para las
actividades de resocialización.
A su vez,
el hacinamiento y los problemas de financiación se traducen en las escasas
oportunidades de educación y trabajo que las cárceles ofrecen a la población
reclusa.
¿Y de la
resocialización qué?
La
educación y el trabajo son dos de los pilares del esquema de la llamada
“resocialización” del sistema penitenciario, la realidad de las prisiones
colombianas muestra que el Estado está lejos de proveer las condiciones mínimas
necesarias para alcanzar el ideal de resocialización que justifica su accionar.
Por
ejemplo, de acuerdo con cifras del INPEC, en 1999 el 41 por ciento de la
población carcelaria tenía trabajo; en diciembre del 2005 el 34,4 por ciento
tenía alguna ocupación y en septiembre del 2008 tal porcentaje fue del 31,7 por
ciento.
En la
actualidad, la población reclusa ocupada es de sólo el 27 por ciento. En este
sentido, se puede decir que la prisión colombiana no ha sido capaz de lograr su
fin último y más importante, que es reformar y educar a los reclusos, y que
esta ha sido una institución puramente punitiva y no en un mecanismo de
rehabilitación.
Ante la
crisis del sistema penitenciario, la solución reiterada que el Estado
colombiano ha ofrecido ha sido históricamente la misma: la construcción de más
establecimientos de reclusión. Sabemos que esta no es la solución puesto que la
población reclusa seguirá aumentando de forma constante y acelerada, producto
de las políticas punitivas del estado que no resuelve los problemas que generan
criminalidad.
La
experiencia muestra que las nuevas cárceles sólo suplen parcialmente los
problemas de hacinamiento existentes (permitiendo reubicar a la población
hacinada actualmente), pero no resuelven el problema de fondo quedando claro
que la construcción de más cárceles y penitenciarías es una solución errada.
La muerte
ronda las cárceles Colombianas
En materia
de salud la situación es aún peor, para citar un ejemplo vale anotar que en la
cárcel de Bellavista, en los últimos cuatro años, ya son 50 los internos
muertos, otra cifras hablan de que solo en el año 2012 murieron 81 personas
privadas de libertad en las cárceles del Estado colombiano bajo la custodia y
vigilancia del INPEC.
Como otra
evidencia de lo anterior en el año 2012 los, presos interpusieron 3.387 tutelas
por fallas en el servicio de salud. En resientes visitas hechas a las cárceles
colombianas por el defensor del pueblo Jorge Armando Otálora Gómez, entregó un
primer diagnóstico luego de una visita de seis días a las cárceles del país y
prendió alarmas por la crisis carcelaria según el cual, los reclusos en el país
están siendo atendidos “en condiciones que no se compadecen con los derechos
mínimos que debe tener un ciudadano” agregando además que los graves problemas
de salud que se registran en las cárceles no son sólo producto del hacinamiento,
sino de la deficiencia de las entidades prestadoras de los servicios en los que
CAPRECOM tiene una gran cuota de responsabilidad.
La
dignidad humana vulnerada
Múltiples
son los problemas a enfrentar en las prisiones colombianas el despojo de la
dignidad humana en las cárceles de alta seguridad de los internos e internas es
enorme, pues el INPEC con el cuento de la seguridad convierte al recluso en un
objeto al que quiere manipular a su antojo, la guardia en estos penales
controla a su capricho el suministro de agua luz, teléfono recreación, etc., y
muchos derechos de los presos como por ejemplo el núcleo familiar, quedan
reducidos a la mínima posibilidad, debido que como castigo el INPEC disemina a
los presos en las diferentes cárceles del país lejos de su entorno familiar.
Es así
como el promedio de horas que un menor comparte con su padre preso en teoría
serian 48 horas al año, una vez al mes durante 4 horas diarias, que se
convierten en tres o dos por tramites de entrada y salida, y en el hipotético
caso de que tenga los recursos necesarios para ser visitado cada mes. De igual
manera sucede con las visitas íntimas que según reglamento interno de cada
prisión corresponde a una hora cada mes, equivalente a 12 horas al año en el
mejor de los casos sin perder la posibilidad mensual de visita.
La
realidad nos ha dibujado un panorama desastroso donde el núcleo familiar se
rompe como consecuencia de este régimen de imposiciones que van en contra de la
constitución, la ley y la sensatez en el entendido de que ¿dónde llega el preso
después de su condena si ya no tiene hogar, ese que dejo al momento de su
captura? “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El Estado y la
sociedad garantizan la protección integral de la familia. La honra, la dignidad
y la intimidad de la familia son inviolables. Las relaciones familiares se
basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto
recíproco entre todos sus integrantes”. (Art. 42 C.N).
Y la lucha
continua
Frente a
estos problemas que son mucho más complejos si los detallamos en su
particularidad, los presos en Colombia hemos logrado mantener una dinámica
constante de lucha y denuncia púbica, con expresiones organizativas como el
Movimiento Nacional Carcelario, acompañados de diversos sectores en los que
podemos contar Ongs, corporaciones, medios de comunicación y distintas
personalidades de la vida nacional etc.
En la
actualidad seguimos insistiendo en que se atienda la problemática carcelaria y
se discuta a fondo la política criminal y penitenciaria que se aplica en
Colombia, partiendo de que el problema de la criminalidad en nuestro país es el
reflejo de la situación actual de la sociedad, situación que no puede ser
resuelta solo desde la imposición de penas de prisión, sino desde una visión de
resolver las causas que originan los hechos delictivos o infracciones a la ley.
Los
infractores de la ley no pueden ser confinados a pasar toda la vida en prisión,
las altas condenas en Colombia son una manera disfrazada de cadenas perpetuas
que acaban hogares y destruyen vidas humanas contrariando la visión de justicia
acorde con nuestra condición de defensores de la vida y la libertad.
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